En un acto realizado en el Instituto de Suelos se entregaron los dos primeros legajos a los familiares de los investigadores del INTA, desaparecidos en 1976. Así, las autoridades del organismo formalizaron la reparación documental de Marta Sierra –técnica del grupo de Ecología, desaparecida el 30 de mayo de 1976– y de Carlos Alberto Costa –técnico del Instituto de Suelos secuestrado el 13 de agosto de 1976–.

José Catalano –vicepresidente del INTA– aseguró que “la reparación de legajos es un acto de justicia y hay que mirarlo en el contexto del proceso político que estamos viviendo desde 2003, en adelante”. Y agregó: “La verdad, la justicia, la memoria, el desarrollo, la inclusión, tienen que ver con la política pública”.

Asimismo, indicó que el INTA continuará con estos actos de reparación histórica y llamó a las nuevas generaciones a “tomar conciencia sobre lo ocurrido en el país” y “tener memoria”.

En este sentido, Carlos Pisoni –subsecretario de Derechos Humanos de la Nación– ponderó el acto de reparación por ir en línea con la decisión política de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Los desaparecidos del INTA luchaban por un proyecto colectivo y que hoy tengamos democracia en la Argentina también se lo debemos a ellos. Y tenemos que defender esta democracia”.

A su turno, Silvina Atencio –integrante de la Comisión de Trabajo Reconstrucción de Nuestra Identidad del Ministerio de Planificación– ponderó el acto reparación histórica organizado por el INTA y la participación activa de la comisión y agregó: “Algo empieza a repararse en lo más profundo del alma”.

Por su parte, Guido Prividera –hijo de Marta Sierra, investigador del IPAF Pampeano e integrante de la Comisión de Reparación Histórica de los trabajadores del INTA– destacó la importancia de “reconstruir el listado de los secuestrados, detenidos, desaparecidos y asesinados dentro del organismo”.

“Mediante esta información, las próximas generaciones podrán conocer lo que pasó durante estos años de historia silenciada”, indicó y agregó: “Reconstruir el pasado nos va a permitir mirar hacia el futuro”.

Por último, Cristina Martínez –secretaria del Instituto de Clima y Agua y esposa de Carlos Alberto Costa– agradeció el reconocimiento: “Es un logro por el cual veníamos luchando con la comisión”, y agregó: “Han pasado casi 39 años y es una emoción muy grande. Hoy queda la verdad plasmada en este documento al decir que él fue secuestrado por las Fuerzas Armadas”.

En un acto realizado en el Instituto de Suelos se entregaron los dos primeros legajos a los familiares de los investigadores del INTA, desaparecidos en 1976.

Los legajos “reparados” llevan inscripto como causa de cese “por desaparición, detención forzada o asesinato como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

Asimismo, se descubrió una placa conmemorativa ubicada en el hall del Instituto de Suelos dedicada a Carlos Alberto Costa, María José Rapela y Gustavo Rodolfo Giombini.

Este acto va en línea con la decisión política tomada en 2012 de reparación documental de todos los legajos de aquellos empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos o asesinados como consecuencia del Terrorismo de Estado entre 1955 y 1983.

Así, mediante el Decreto presidencial N°1199/2012, el Estado asumió como un deber consignar en estos casos la verdad histórica respecto de la auténtica causal de interrupción de la relación laboral, de modo de producir una enmienda material de esos documentos públicos y una reparación simbólica para los familiares y compañeros de las víctimas.

Entre las autoridades presentes, se destacaron el director nacional asistente (DNA) de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad –Juan Manuel Fernández Arocena–, la DNA de Planificación –Susana Mirassou–, el director del CIRN del INTA Castelar –Pablo Mercuri–, la directora del CICVyA –Elisa Carrillo–, la directora del CIPAF –Andrea Maggio–, el director del AMBA –Gustavo Tito–, referentes, gerentes e investigadores, entre otros.

Los legajos “reparados” llevan inscripto como causa de cese “por desaparición, detención forzada o asesinato como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.