Mediante el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (Profeder), el INTA responde a las necesidades y demandas de las organizaciones de productores, comunidades rurales, instituciones y gobiernos locales de todo el país con una pluralidad de instrumentos, bajo un enfoque de desarrollo local y territorial. Estas cinco experiencias reflejan distintas herramientas para promover la equidad y la inclusión social, con la participación como requisito fundamental.

Agua para el desarrollo

En la Hiedra, un paraje santafesino, 18 familias compartían un problema crítico: no poseían un eficiente sistema de captación, recolección y acopio de agua de lluvia, lo cual les impedía disponer del recurso para consumo personal y hacer huertas para autoprovisión.

Financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y apoyados por la comuna de Villa Minetti, el INTA Tostado, la Asociación para el Desarrollo Rural (ADeR) y el aporte de los vecinos, se construyeron siete depósitos de 15 mil litros de agua cada uno.

Así se promovió un modelo de autoproducción de alimentos en calidad y cantidad, que garantizó la seguridad alimentaria de los pobladores y revirtió el desarraigo de muchos jóvenes.

“Que trabajen instituciones en forma articulada es beneficioso para la propia comunidad porque se potencian las capacidades y se hace posible la concreción real de los proyectos”, consideró Melba Gulli, representante de la ADeR.

Mejoras en la comercialización

En Bernardo de Irigoyen –Misiones–, emprendedores familiares de bajos recursos producían pollo, cerdo y verduras con muchas dificultades en la comercialización. Para mejorar su calidad de vida, luego de la crisis de 2001 se plantearon la necesidad de articular los esfuerzos del INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el municipio, el Senasa y el Instituto de Fomento Agroindustrial (IFAI) para abordar la problemática de manera integral.

Así, se formó la Unión de Trabajadores Rurales del Nordeste Misionero (UTR), que involucra a muchas familias de pequeños productores de la zona y la Cooperativa Unión de la Frontera, integrada por más de 25 grupos de base que, con un esquema de ventas colectivo, expande el mercado en la provincia.

La comercialización comenzó en Bernardo de Irigoyen y con la Feria Franca y otros comercios se extendió a Puerto Iguazú. Hoy se venden 2.000 kilos de carne de cerdo por mes, un considerable volumen de pollo campero y otros productos.

La apertura del Mercado Concentrador de Posadas fue un paso importante. Gracias al crecimiento en la producción y al apoyo estatal, la cooperativa vende allí 400 kilos semanales de carne de cerdo y pollo, lo que genera mejoras en las economías familiares y en la calidad de vida.

Una oportunidad a partir del hilado

En 2010, el INTA recogió la demanda de un grupo de mujeres del centro Este de la provincia de Buenos Aires, preocupadas por su desarrollo personal y las condiciones de vida de sus familias, limitadas por sus ingresos y las escasas oportunidades. Un proyecto del Programa para Productores Familiares (Profam) identificó al hilado y al tejido de lana como actividades incorporadas a las costumbres locales –que podrían potenciarse recuperando saberes familiares– y se formó el grupo Manos del Salado.

El trabajo comienza con la esquila de ovejas y continúa con el lavado y peinado de la lana. El armado de madejas debe cumplir requisitos de calidad y presentación –que certifican colectivamente–, para destinarlas a la venta o al tejido. Se rigen por el sistema de precio justo, que las artesanas definen en una asamblea anual.

El resultado fue económico y social. “Tener un trabajo genuino y poder aportar a la economía familiar es totalmente dignificante”, dijo Victoria Lorente, una de ellas.

Para sumar maquinarias pidieron financiamiento al gobierno de Canadá. El desarrollo de una colección variada y una modalidad productiva común, presenta una oportunidad de ingresar al mercado de la moda con una propuesta competente, con la exclusividad de lo artesanal y el respaldo de una organización con criterios comunes y los parámetros de la industria textil.

La confianza genera inclusión y desarrollo

La comunidad aborigen Tupí Guaraní Río Blanco Banda Sur Iguopeigenda, en Orán –Salta–, productora de frutas tropicales y hortalizas, buscaba el desarrollo local en la mejora de sus técnicas de cultivo. La realidad rápidamente mostró que las demandas silenciosas estaban en el fortalecimiento organizacional y en la emergencia por la erosión hídrica generada por el Río Blanco en el acceso a la localidad. Junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se definió una estrategia.

“Priorizamos las tareas y, con el financiamiento del INAI, la administración del INTA y la mano de obra de las 47 familias de la comunidad, se desarrolló el trabajo”, explicó Matías García Rodríguez, del INTA Orán. Las obras de defensa frenaron el avance del río, que era una amenaza cada vez más grave. “El logro más importante de este proceso fue el empoderamiento de la comunidad, así como la creación de un capital social, que revalorizó la cultura local y la autoestima, para sumirse como un actor más, con derechos y obligaciones, pero sobre todo con entidad suficiente para enfrentarse a la realidad más allá del fatalismo que los paralizó tanto tiempo en la pobreza”, concluyó García Rodríguez.

Pequeños productores unidos

Para la mayoría de las familias de Villa Correa –Chaco– el acceso al agua era una de las limitaciones más importantes, que impedía cualquier actividad productiva. Mediante un proyecto minifundio, con el INTA Santa Sylvina y financiamiento de Cáritas, enfrentaron el problema. “Comenzamos con trabajos más chicos, con subsidios, pero junto con los técnicos del INTA pensamos en un proyecto más ambicioso”, contó Marina Villanueva, del área de Economía Social de Cáritas. “La mayor necesidad era el agua”, agregó.

Con aporte de la población y el trabajo interinstitucional, se construyeron dos pozos con sistemas de elevación y conducción de agua hasta lugares estratégicos.

La comunidad se capacitó en la ejecución de pozos y se proveyó de perforadoras para que cada familia realizara el propio. El acceso al agua les permitió desarrollar diferentes alternativas productivas, tales como huertas comunitarias, criaderos de pollo, producción caprina, para autoconsumo y para comercializar el excedente en ferias francas locales y provinciales. Según Villanueva, “el principal logro fue el ‘contagio’ de las 40 familias de la comunidad y la capacidad de gestión que lograron”.