Francisco Anglesio y Roberto Salvarezza –presidentes del INTA y del CONICET, respectivamente– firmaron hoy un convenio que compromete a ambos organismos para reparar la memoria institucional sobre lo ocurrido durante el gobierno de facto entre 1976 y 1983.

El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela –quien estuvo ausente por circunstancias de su gestión– envió un mensaje a los presidentes de ambos organismos y demás asistentes. “Los hacedores de la peor dictadura que vivió la Argentina entre 1976 y 1983 socavaron el pensamiento crítico, la investigación y los proyectos de la ciencia y la técnica, la agenda de transformación de la nación por la que trabajaban nuestros compañeros”, aseguró.

Si se consideran las cesantías previas al golpe militar y las que sucedieron después, el número total de personas afectadas en el INTA asciende a 794, casi una quinta parte de la planta de entonces. Además, se conocen ocho profesionales entre desaparecidos y asesinados, cerca de 800 cesanteados y una larga lista de investigaciones del instituto que fueron archivadas o destruidas como parte de la política de represión ejercida durante el último gobierno de facto en la Argentina.

Luego de destacar que este convenio acompaña la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional desde 2003, el ministro –que, cuando estuvo al frente del INTA inició este proceso, con la firma de una carta intención– agregó: “Con la convicción de que será un aporte invalorable en la reparación de la memoria histórica, los acompaño en este nuevo camino por la búsqueda de la verdad y la justicia para seguir consolidando una patria más grande, justa, más solidaria y más inclusiva para todos”.

Durante el acto, que tuvo lugar en la sede del INTA en San Telmo (Chile 460, CABA), Anglesio sostuvo que esta investigación en la que se compromete la institución “es un trabajo que nos devuelve el conocimiento de muchas cosas que se han perdido”. En esa línea, consideró que la dictadura no sólo afectó la desaparición de los trabajadores: “La realidad es que también atacaron fuertemente la política que se desarrollaba, el daño que nos hicieron como sociedad, nos sacaron las líneas de investigación y articulación, nos sacaron el eje de lo que teníamos”.

Por su parte, Salvarezza dijo que “esta investigación va a ser un instrumento que nos va a permitir no sólo mirar hacia atrás sino mirar hacia delante”. Y agregó: “Estamos en un momento muy especial, en donde todos los organismos de Ciencia y Técnica estamos alineados, sabemos que el conocimiento que generamos tiene que ser transferido a la sociedad, y que éste nos permita no sólo tomar decisiones para el futuro sino también planear estrategias para enfrentar los desafíos que tiene nuestro país”.

El convenio formaliza un proyecto de investigación de Cecilia Gárgano, historiadora del CONICET y del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini, de la Universidad Nacional de San Martín, quien reconstruyó tanto la historia del terrorismo de Estado dentro del INTA como los cambios en las agendas científicas que produjo la dictadura cívico-militar en el organismo. Además compromete a las instituciones a cooperar con la organización y el mantenimiento de los archivos y documentación del INTA y con la consolidación del gobierno nacional en la lucha por la memoria y contra la impunidad por las violaciones de los derechos humanos.

En este sentido, Salvareza explicó: “El convenio pone en relieve la articulación entre los organismos de Ciencia y Técnica y las universidades, convoca a INTA, CONICET y la Universidad de San Martín a trabajar juntos en esta investigación, en un acto que para nuestra Institución tiene un significado especial”.

Por su parte, Gárgano dijo que “esta investigación no se acotó por casualidad al INTA, hay tres razones para hacerlo: por la presencia territorial que tiene el organismo, por la relevancia en términos económicos y político históricos del agro en el país y por la magnitud de la intervención militar que se inició en 1973”.

Según la investigadora, “el INTA brindó nuevas herramientas para poder identificar cómo se construyó un mapa de datos sobre los trabajadores del organismo en los años previos a la dictadura y cómo fue instrumentado durante la intervención militar”. Pero además, “brindó datos para detectar un significativo incremento de la apropiación privada del conocimiento público orientado al agro en áreas estratégicas”, destacó.

“La historia no es algo ornamental sino una herramienta de trasformación social y nos permite apostar a generar cambios para recuperar nuestro pasado, pensar críticamente el presente y poder transformar nuestro futuro”, concluyó.

Por su parte, Guido Prividera, profesional del Instituto de la Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) del INTA e hijo de una profesional desaparecida del organismo, agradeció a las autoridades por la firma de este convenio que “repara una gran parte de la historia de la ciencia y técnica”.

Prividera destacó el rol de Gárgano: “Nos enseñó a todos que con una simple beca se pueden generar un montón de cambios históricos, un montón de transformaciones”.

Además, consideró: “Este convenio más que tener que ver con el pasado tiene que ver con el futuro y con poder pensar cuál es la ciencia y técnica que queremos, cuáles son las líneas de investigación que hay que recuperar, cuáles son las líneas de extensión que hay que recuperar y que de alguna manera nos sirve de guía a nosotros los investigadores para definir cuál es el modelo de ciencia y técnica que queremos.”

“Un poco por el trabajo de la comisión de Reparación Histórica y otro poco con el trabajo de Cecilia y todo un equipo de gente hoy tenemos casi el doble de los nombres de los desaparecidos del INTA, que hace dos años”. Si bien destacó el rol de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), consideró: “No sabíamos acerca de su pertenencia a nuestro organismo, no sabíamos lo que habían hecho, quiénes eran, en qué líneas trabajaban y, en ese sentido, me parece que en este convenio tiene ese fuerte papel”.

La firma del convenio contó con también con la presencia de Carla Campos Bilbao, secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, en representación del Ministro de Agricultura de la Nación; Dora Barranco y Carlos José Van Gelderen, integrantes del directorio del CONICET por el área de Ciencias Sociales y Humanidades y por las organizaciones del agro, respectivamente– y Eduardo Jacobs, jefe de gabinete de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura.

Colaboración recíproca

Desde el instituto surgió la idea de formar una Comisión de Reparación Histórica y, para colaborar en el análisis, clasificación y archivo de la información, planteó al CONICET la posibilidad de contar con otros integrantes, becarios doctorales e investigadores, además de los propios trabajadores del INTA.

El plan que tuvo el gobierno militar fue separar el mundo académico de la realidad. “Había organismos como el INTA que trabajaban en la transferencia de conocimiento y eso se acabó con el proyecto militar”, señaló Salvarezza. “Hubo una lógica, una idea central, un patrón que se ejecutó y debe quedar claro que, así como hubo un patrón de desaparición de personas, también hubo uno de desaparición de la ciencia nacional”, agregó.

“La política de derechos humanos del gobierno da un marco para que podamos realizar este tipo de acciones”, comentó Anglesio en relación al documento que tiene por objetivo estudiar el impacto y las consecuencias de las políticas desplegadas por el gobierno militar en las líneas de investigación y extensión del INTA. “Esto se hace porque las sociedades tienen un tiempo de maduración, en el caso de las instituciones pasa lo mismo: hoy se comparte la necesidad de reivindicación”, dijo.

La comisión busca completar la lista de detenidos y desaparecidos del INTA, con un trabajo de recopilación y análisis de datos, para conocer cómo funcionó la represión dentro del organismo y cómo se modificaron las líneas de investigación, de acuerdo con las políticas agropecuarias entonces vigentes.

Además, las autoridades del INTA acompañaron espontáneamente con un amicus curiae la causa que lleva el juez Daniel Rafecas, para ponerse a disposición de la investigación judicial, reforzando así su intención de trabajar en la lucha por la memoria y contra la impunidad.